Crecen Reportes Por Abandono Y Omisión De Cuidados Hacia Adultos Mayores En Altamira.

Altamira, Tamaulipas. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer y la Familia del Sistema DIF Altamira reportó un incremento en los casos relacionados con la omisión de cuidados y abandono de personas adultas mayores, una situación que puede constituir un delito de acuerdo con la legislación vigente en Tamaulipas. Así lo dio a conocer la procuradora Francisca Arteaga Hernández, quien informó que tan solo durante la presente semana fueron atendidos dos casos positivos de violencia contra este sector de la población.

La funcionaria explicó que, si bien actualmente no se ha detectado un aumento en los delitos sexuales contra menores de edad, sí existe una mayor incidencia de reportes relacionados con personas en condición de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores que requieren atención permanente por problemas de salud o limitaciones físicas.

Uno de los casos más delicados correspondió a una mujer que tuvo que ser trasladada al Hospital General “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, luego de ser encontrada en condiciones de abandono. De acuerdo con la Procuraduría, la víctima padece una enfermedad que le impide mover la mitad de su cuerpo, por lo que depende completamente del apoyo de otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Ante esta situación, se activaron acciones de asistencia y búsqueda de familiares que puedan asumir su cuidado.

Arteaga Hernández señaló que los casos atendidos durante esta semana ocurrieron en una colonia del sector Monte Alto y en un conjunto habitacional cercano al estadio de Altamira. Precisó que la Procuraduría no tiene facultades para investigar delitos, tarea que corresponde al Ministerio Público, pero sí puede presentar denuncias cuando existen elementos suficientes para presumir la comisión de un ilícito. Asimismo, recordó que la omisión de cuidados, el abandono y la negligencia son formas de violencia que pueden derivar en responsabilidades penales para quienes tienen la obligación legal de atender y proteger a personas en situación de vulnerabilidad.